En el año 2020, el Ayuntamiento de Cádiz implementó cambios en el Plan General de Ordenación Urbana con el fin de frenar la instalación de casas de juego alrededor de colegios y centros culturales. Este decisión fue desafiada por diferentes asociaciones y por la Junta de Andalucía ante la justicia de la región, la cual ha respaldado su reclamo.
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Bonos actualesEl Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha respaldado las apelaciones presentadas por la Junta, la entidad Gestión de Juegos y la Agrupación Gaditana del Recreativo, en el entendimiento de que el ayuntamiento gaditano excedió sus competencias, las cuales son exclusivamente autonómicas.
Después de que se aprobara la normativa en Cádiz, la Junta de Andalucía estableció un decreto que exigía una distancia mínima de 150 metros de colegios para las nuevas casas de apuestas. El tribunal andaluz ha calificado la normativa del Ayuntamiento de Cádiz como \"excesiva, desproporcionada y carente de justificación\". En efecto, esto habría dejado a la mayoría de las casas de apuestas fuera de la regulación al imponer una distancia excesiva de 500 metros.
Además, el TSJA indica que el Ayuntamiento de Cádiz no presentó ningún informe que demostrara la existencia de un problema significativo de adicción al juego en la población local. Por tanto, según el alto tribunal, la intervención del municipio es inapropiada, aunque reconoce la preocupación por los efectos negativos que el juego puede tener, especialmente en grupos vulnerables como los jóvenes.
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Bonos actualesLa sentencia afirma que el Ayuntamiento de Cádiz se excedió en sus funciones al modificar el Plan General de Ordenación Urbana, y los partidos en el gobierno fueron más allá de su alcance al intentar restringir la expansión de los locales de apuestas en la ciudad; esto es un asunto que recae en la Junta de Andalucía. El cambio en la normativa parecía ser una estrategia para llamar la atención de los políticos regionales, pero se desbordó, lo que resulta en su eventual anulación.
Luego de que se conociera esta decisión, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, mencionó que el equipo de gobierno está considerando la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo. Según Vila, su objetivo es proteger el derecho de la ciudad a ordenar su territorio, especialmente para beneficiar a los más vulnerables y salvaguardar la salud pública. Por lo tanto, es probable que el Ayuntamiento de Cádiz presente un recurso, aunque sus posibilidades de éxito parecen reducidas tras la sentencia del TSJA.
En los últimos años, muchos políticos han manifestado su oposición a la creación de nuevos locales de juego, en una especie de cruzada contra las apuestas deportivas que parece haber generado una creciente preocupación social. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía podría ser un punto de inflexión para mitigar esta intensa supervisión.
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